La Justicia ordena a una cementera de Redondela (Galicia), el cese total de su actividad.

El TSXG revoca un fallo que solo prohibía trabajar de noche a la sumunistradora de las obras del AVE.

La Policía Local de Redondela fue a clausurar las instalaciones de JCA Hormigones el 23 de abril. - Gustavo Rivas

Los vecinos de Millarada-Vilar de Infesta, en Redondela, han ganado otra batalla legal contra la fábrica de hormigón JCA, que suministra cemento para las obras del AVE. La actividad de los camiones y las descargas, supuestamente, genera ruido y polvo, lo que atenta contra de los derechos fundamentales de los vecinos. La planta tenía orden de parar por las noches y los días no laborables pero, ahora, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) extiende la prohibición durante todo el día. En la práctica, implica que la factoría del Grupo JCA Hormigones tendrá que suspender sus labores. El parón será total, el cese de la actividad debe ser completa.

Los magistrados dan la razón al denunciante José Manuel Crespo y revocan un dictamen salomónico del 2009 que había dictado el juez de lo Contencioso-Administrativo, quien decretó solo el cierre parcial de la firma por las noches, los fines de semana y los festivos para evitar molestias a los vecinos pero sin dañar la economía de la firma industrial.

La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSXG revoca concretamente un punto del pleno del Concello de Redondela que suspendía la sentencia de paralización parcial mientras no se sustanciase el procedimiento de declaración de lesividad y a expensas de lo que resulte del expediente por entender que la paralización parcial acarrearía a la empresa perjuicios de imposible o difícil reparación. La producción de cemento continúo y la dirección rompió ocho veces los precintos policiales.

a sentencia dice que la continuación es ilegal pues la planta carece de licencia al ser anulada la que en su día fue concedida para desarrollarla, anulación que la sala y el Consello Consultivo estimaron procedente. El TSXG fundamenta que si bien es cierto que existe el deber jurídico de soportar, dentro de unos límites, las molestias de actividades necesarias para la vida social, «tal obligación no existe para las actividades ilegales».

Fuente: www.lavozdegalicia.com

NOTICIA ANTIGUA

La empresa, que suministra a las obras del AVE, deberá cesar la actividad entre las 22.00 y las 8.00 horas

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha dado la razón a un vecino de la parroquia redondelana de Vilar de Infesta, José Manuel Crespo, en el conflicto que mantiene desde hace una década con una cementera ubicada junto a su casa, en el barrio de Millarada.

El fallo rechaza el recurso de la empresa contra una sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Vigo, dictada en junio del pasado año, por la que se ordenaba el cese de la actividad nocturna de la fábrica de hormigones –entre las 22.00 y las 8.00 horas, y los sábados y domingos durante toda la jornada– para garantizar los derechos fundamentales de la familia afectada, que reside a escasos metros de la planta.

La empresa había recurrido la resolución ante el TSXG al considerar que el cierre nocturno le causaría un grave perjuicio puesto que abastece de hormigón a las obras del AVE, por lo que el cese de la actividad por las noches tendría una importante incidencia en la construcción de esta infraestructura, y también afectaría a la propia plantilla de trabajadores de la cementera. La fábrica, con la excusa de que la sentencia no era firme, nunca dejó de trabajar durante las noches e incluso durante los fines de semana, impidiendo el descanso de los vecinos por el ruido.
Por otra parte, el Tribunal Superior también destaca que la planta de hormigones carece de licencia, después de que en el año 2008 el Consello Consultivo de Galicia declarase la nulidad de la licencia de actividad concedida concedida en su día, ordenando al Concello de Redondela su revisión.

Al tener la licencia anulada la empresa no podría continuar trabajando, aunque el Ayuntamiento permitió que la actividad de la empresa continuase al iniciar un procedimiento de declaración de lesividad, es decir, declarar nula su propia resolución.

Con esta medida el gobierno local pretendía evitar las consecuencias negativas para las arcas municipales en el caso de que el empresario reclamase una indemnización, que sería millonaria.

Fuente: Antonio Pinacho – Redondela – www.farodevigo.es

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